Sobre el 23 de febrero

Lamentamos mucho los los acontecimientos suscitados el día 23 de febrero en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y comprendemos que esta situación es resultado de la violencia que se vive en la Ciudad de México y en todo el país. Comprendemos que una parte importante de esta violencia es generada por el comercio ilícito de las sustancias psicoactivas y a la ausencia de una regulación por parte del Estado Mexicano -otra de las causas son problemas estructurales como la pobreza, el desempleo y la corrupción.

Creemos que la única manera de detener el narcomenudeo es una regulación efectiva de todas las sustancias y una despenalización de las mismas. La campaña que está implementando la UNAM para atacar el problema no es la correcta; ya que violenta los derechos humanos de las y los uusuarios, a su vez de que no “ataca” el problema de raíz que es la prohibición y la violencia que esta genera tanto en la sociedad como en la Universidad. Aunado a ello, se precisa de generar y establecer estrategias libres de prejuicios, ya que pareciera que el tráfico, uso y consumo de sustancias fuera sólo un problema dentro de instituciones de educación públicas. Por lo tanto, es necesario entender al problema no sólo como parte de una universidad, sino que éste sucede en otras instituciones sean públicas o privadas.

Uno de los principales factores que impulsa la guerra contra las drogas en México es la disposición de ganancia y sustentabilidad económica. La violencia extrema, propagada por la llamada “Guerra con las drogas” pone en peligro a las personas más vulnerables.

Las políticas de control de drogas que México ha adoptado para prevenir el tráfico de drogas y eliminar el poder de los cárteles han afectado negativamente la situación de los derechos humanos en el país. Focalizar a las comunidades marginadas, como a usuarios o trabajadores sexuales es perjudicial. Es una violación de sus derechos y los pone en riesgo de más violencia, extorsión, arrestos ilegales, entre otros.

La UNAM, como máxima casa de estudios, debería usar todos sus recursos académicos para proponer una política integral de drogas para nuestro país, que aminore el narcotráfico e implemente estrategias de educación, reducción de riesgos y daños para la población.

La anterior es la propuesta de EPSD MX a la UNAM, esperamos sea tomada en cuenta, porque no podemos permitir que la universidad insignia del país se mantenga pasiva ante los retos que a México se le presentan en lo que a política de drogas se refiere.