Reseña estudiantil del Amparo otorgado por la Suprema Corte para el autocultivo de cannabis en México

Publicado originalmente en http://ssdp.org/

4 de noviembre de 2015. Día histórico, emblemático en la ciudad de México. Por fin, una validación oficial al uso recreativo de la marihuana. Y no cualquier validación, sino la de la Suprema Corte. Hoy, la producción de mariguana para su uso personal es legal en México… al menos para cuatro personas.

El primer club social de cannabis fue fundado en 2013 con el objetivo de realizar un litigio estratégico, buscando impulsar la reforma a las políticas de drogas. Las personas que pidieron el amparo fueron Josefina Ricaño Bandala, Armando Santacruz González, José Pablo Girault Ruiz y Juan Francisco Torres Landa Ruffo, miembros de la asociación México Unido Contra la Delincuencia y fundadores de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART).

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Estudiantes por una Política Sensata de Drogas, México.

Tras un complejo y largo proceso, recibieron el miércoles pasado una respuesta final. La sentencia de la Suprema Corte, con cuatro magistrados a favor y uno en contra, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, en las porciones que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones “para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar) exclusivamente el estupefaciente cannabis (su resina, preparados y semillas) y el psicotrópico THC que en conjunto son conocidos como mariguana”. La resolución no incluye la venta, distribución o suministro, que siguen prohibidos.

Para nuestro país, este amparo es un gran avance, independientemente de haber sido concedido a cuatro personas únicamente. La resolución implica cambiar el debate institucional hacia una perspectiva mucho más abierta a la argumentación científica y crítica, podría mejorar los vínculos entre asociaciones civiles e instituciones e incluso significa un paso importante en materia de derechos humanos al situar a la persona por encima de la sustancia. Además, abre la posibilidad a que otros grupos bien organizados puedan ampararse y, si se llegaran a otorgar cuatro amparos más, a invalidar la ley. Esto significa que el autocultivo sería legal y permitido para cualquier ciudadano mexicano.

El fenómeno del 4 de noviembre provocó que distintos medios de comunicación nacionales e internacionales fijaran sus ojos en la situación de la cannabis en México e indagaran en información generada por organizaciones civiles, que tienen años en el tema. De golpe, los expertos pueden dar su opinión e informar a la población sobre la planta, sus efectos, legislación y propuestas de acción. De golpe, el debate está nuevamente en la mesa y con más ímpetu que nunca.

¿Qué sigue después del fallo a favor?

Una de las suposiciones más comentadas es la probable seguidilla de procesos de amparo similares. En general es la búsqueda, pero la situación no es tan sencilla. A SMART le tomó dos años de proceso legal llegar al punto en el que ahora se encuentra.

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Héctor Joel Anaya, Estudiantes por una Política Sensata de Drogas, México.

Más aún, si se da por hecho que la intención de varios individuos y grupos de consumidores es la de solicitar el amparo para autocultivo, la información sobre los procesos legales será fundamental, pues casos rechazados podrían generar un resultado contrario al esperado. Es por ello que este camino debe seguirse con cautela y paciencia.

Es interesante analizar la respuesta del Poder Ejecutivo ante el fallo de la Suprema Corte. En términos generales, acepta y respeta la decisión tomada; considera que abre el debate para conocer cuál es la mejor regulación para la sustancia; explica reiterativa y detalladamente que no se trata de una legalización, sino de un permiso especial para cuatro personas, y declara que no presentará ningún tipo de iniciativa ni tomará parte del tema, salvo en la mencionada apertura al debate. Se pueden observar, al menos, tres actitudes: una defensiva, previniendo ataques y reconociendo obviedades; una de ambigüedad, “abriendo”, hasta ahora, un debate que lleva en la mesa, al menos, 10 años, y otra de negligencia, negándose a tomar la iniciativa en el asunto y señalando a la Suprema Corte que el Ejecutivo acata, pero disiente.


Independientemente del curso jurídico que tome la discusión, como consecuencia inicial y directa esperamos que la sociedad busque informarse frente al tema y cambie su percepción respecto a la planta, su uso y usuarios. Bajo este presupuesto, quizá en unos cuantos años podamos tener políticas más justas y atentas al respeto a derechos humanos. En este tenor, es importante poner atención a uno de los recursos utilizados por SMART: el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la autodeterminación. Por un lado, el permiso concedido a los quejosos no tiene un límite de producción, pues cada quien puede determinar su consumo; por otro, toda persona tiene derecho a decidir si consumir y las condiciones en las que lo hará. Resulta importante porque este principio puede ser aplicable a cualquier sustancia.

¿Y todo esto qué tiene que ver con los jóvenes?

En principio, los jóvenes en México son discriminados, sufren extorsiones por parte de las autoridades o imputación de delitos cuando son detenidos por posesión de cannabis, aunque tengan menos de los cinco gr. que la ley permite portar, e incluso, encarcelados. El modelo prohibicionista genera estos atropellos a los derechos humanos y fomenta la corrupción, situando a los jóvenes, tanto usuarios de cannabis como no usuarios, en una posición de vulnerabilidad.

Preocupados por la situación, una gran cantidad de jóvenes han apoyado estas iniciativas, buscando romper con las leyes prohibicionistas que existen en el país y que tanto han afectado su estabilidad. Han buscado los conductos para incidir e informar a la población de los beneficios que traería consigo cambiar de paradigma. En este caso, se han manifestado de diferentes maneras durante el proceso de resolución judicial.

No podemos aún atisbar el impacto específico que la resolución de la Suprema Corte tendrá en los jóvenes. Lo que es claro es que el principal impacto positivo se daría en una posible transformación a la cultura jurídica, que abra caminos para una legislación distinta, que considere los derechos humanos de las personas mayores de edad que usan cannabis. Es importante que los medios de comunicación y la sociedad civil tomen un papel protagónico y busquen no diseminar información falsa, ser rigurosos con el lenguaje y terminología. Para evitar confundir a los menores de edad, será necesaria información veraz y manejar los principios de prevención a través del enfoque de reducción de daños. Pero garantizar que las personas jóvenes, mayores de edad, en uso de sus plenas facultades, tengan el legítimo derecho de decidir sobre su cuerpo y sus decisiones es, en última instancia, labor de todos.

En EPSD México estamos trabajando para incidir en estos espacios, difundiendo información oportuna, creando vínculos con el resto de organizaciones y creciendo nuestra red universitaria. Creemos que el enfoque de reducción de daños será central en las discusiones venideras, tanto en el ámbito privado como en los procesos judiciales y legislativos. Los acontecimientos son claros, pero no simples; indican el estado de la cuestión en México y que, frente a las dificultades aún presentes, hay vías posibles de acción legal. Todo esto nos da esperanzas y nos exhorta a continuar en la lucha por el respeto a nuestros derechos.

Recursos electrónicos

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=3196

http://www.proceso.com.mx/?p=419965

http://www.cnnmexico.com/nacional/2015/11/04/el-grupo-de-mexicano-que-busca-despenalizar-la-marihuana-aunque-no-la-fuma

http://www.smartclub.mx

http://despertardeoaxaca.com/alegan-pros-y-contras-de-abrir-mariguana/